INDIGNACIÓN TOTAL de inmigrantes latinos con trámites de documentación en EE. UU.: revelan que el gobierno ENGAÑA con jugosos montos por solicitudes que no procesa y CANCELA

Miles de inmigrantes latinoamericanos han dedicado años y grandes sumas de dinero con la esperanza de obtener una visa, un permiso de trabajo o la residencia permanente en Estados Unidos. No obstante, un informe del Instituto Cato, elaborado por David J. Bier, sostiene que el sistema migratorio se ha transformado en una especie de trampa burocrática, en la que el gobierno cobra elevadas tarifas por solicitudes que finalmente no procesa y que, en muchos casos, termina anulando.

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La investigación revela que más de 1,2 millones de trámites están congelados en un limbo administrativo, afectando principalmente a cubanos, venezolanos y haitianos, mientras el Estado acumula cerca de mil millones de dólares en tarifas sin brindar los servicios correspondientes. La situación ha generado indignación entre las comunidades migrantes, que ven cómo su dinero y tiempo se desperdician sin respuestas claras.

Fraude en trámites migratorios y cobro de tarifas

El informe del Instituto Cato describe un sistema donde las autoridades federales aceptan dinero de los solicitantes, pero no procesan ni resuelven las solicitudes. Esto incluye permisos de trabajo, ajustes de estatus, asilos, visas y naturalizaciones que permanecen en cajones administrativos mientras los fondos recaudados engrosan las arcas públicas.

David J. Bier califica la situación de "fraude masivo", señalando que el gobierno mantiene viva la ilusión de un trámite en curso, sin informar a los solicitantes sobre bloqueos, cancelaciones o retrasos indefinidos. Para muchos migrantes, esto significa años de espera y gastos sin ningún beneficio tangible.

Bloqueos legales y arquitectura administrativa

El estudio identifica tres mecanismos que perpetúan este engaño:

1. Proclamaciones presidenciales que restringen la entrada de ciudadanos de 40 países, incluyendo Cuba, Venezuela y Haití, cerrando vías familiares y laborales.
2. Memorandos internos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que congelan nuevos casos y pueden revocar permisos ya aprobados.
3. Suspensión de visas para decenas de países bajo la justificación de “carga pública”, dejando a los solicitantes sin acceso a sus trámites.

Según el informe, estas políticas aseguran que miles de migrantes paguen tarifas por servicios que nunca recibirán, generando un ciclo donde la esperanza del migrante se convierte en un recurso financiero para el Estado, mientras sus solicitudes son canceladas o bloqueadas indefinidamente.