ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: alcaldesa tomará DRÁSTICA acción LEGAL para SUSPENDER construcción de instalaciones de ICE

La alcaldesa Gina Ortiz Jones manifestó su total respaldo a las acciones legales destinadas a frenar las renovaciones de un centro de inmigración proyectado en el lado este de la ciudad en Estados Unidos. Asimismo, según los últimos informes, la mayoría de los integrantes del Concejo Municipal ha abogado por la realización de revisiones independientes de las instalaciones. AQUÍ más detalles.

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EE. UU.: alcaldesa tomará drástica acción legal para suspender construcción de instalaciones de ICE

Durante una audiencia pública en la Biblioteca Central y lo expuesto por KSAT, Jones manifestó su rechazo a la falta de respuesta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos con relación al uso de las instalaciones como centro de procesamiento.

La alcaldesa anunció su respaldo a acciones legales con el objetivo de detener la conversión de un almacén en el lado este de la ciudad en un nuevo centro de procesamiento y detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta decisión se hizo pública tras el vencimiento del plazo del 30 de septiembre de 2026, que el gobierno local había otorgado a la agencia federal para responder a las solicitudes de información sobre la operación del recinto. Ante la falta de respuesta del gobierno federal, la alcaldesa instruyó a su asesor jurídico a explorar las opciones legales disponibles para frenar las obras.

¿Cuáles son los aspectos más importantes de esta medida?

A continuación, los aspectos más relevantes de este conflicto:

• El proyecto implica la adquisición de una propiedad de 640.000 pies cuadrados por un monto de 66,1 millones de dólares, además de un contrato de remodelación de 17,3 millones de dólares, con la intención de albergar hasta 1.500 inmigrantes, cuya apertura está prevista para mediados de 2027.
• Por otro lado, al menos ocho miembros del Concejo Municipal han manifestado su apoyo a la realización de revisiones ambientales independientes, argumentando que el centro no cuenta con los estudios requeridos por la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) y que su construcción podría impactar negativamente la infraestructura y los recursos locales.
• La resistencia social se ha intensificado, con masivas protestas y marchas frente a las instalaciones en construcción, donde la ciudadanía exige la detención definitiva del proyecto federal.