El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que retendrá 40 millones de dólares a California por no exigir conocimientos de inglés a los camioneros.
De acuerdo con Associated Press, el gobierno de Donald Trump decidió retener más de 40 millones de dólares en fondos federales destinados a California. Esto, al acusar al estado de no cumplir con los requisitos de competencia en inglés para los conductores de camiones comerciales.
Esta medida se produce después de un trágico accidente en Florida, en el que un conductor californiano, Harjinder Singh, involucrado en el siniestro, no había superado la prueba de inglés. Esto ha generado un debate sobre la seguridad vial y la política migratoria.
La administración Trump sostiene que California es el único estado que no garantiza que los conductores de camiones puedan leer señales de tránsito y comunicarse con las autoridades. Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, esta falta de cumplimiento representa un riesgo para la seguridad pública.
En respuesta, el gobierno de California sostiene que sus procedimientos de licencias cumplen con los estándares federales. Además, destaca que los conductores con licencia en el estado tienen una tasa de accidentes mortales un 40 % inferior al promedio nacional.
Las nuevas pruebas de inglés comenzaron a aplicarse en junio de 2025.
Según CNN en Español, esta resolución federal impacta de manera directa a miles de inmigrantes empleados en el sector del transporte. Desde que en junio de 2025 se empezaron a aplicar las nuevas pruebas de dominio del inglés, cerca de 6.000 conductores han sido apartados de las carreteras por no superar los exámenes, lo que ha provocado inquietud sobre posibles casos de discriminación y una posible falta de personal en la industria.
Además, el gobierno federal ha advertido que California podría perder hasta 160 millones de dólares adicionales en fondos federales si no implementa pruebas de inglés durante las inspecciones en carretera y retira de circulación a los conductores que no las aprueben.
Este enfrentamiento pone de relieve las tensiones entre las políticas federales de inmigración y las regulaciones estatales, afectando a una comunidad laboral diversa y crucial para la economía de Estados Unidos.