Un país sudamericano podría recibir inmigrantes deportados desde Estados Unidos tras un acuerdo bilateral en negociación con Washington.
Estados Unidos y Argentina están en conversaciones avanzadas para establecer un acuerdo que permitiría a Washington enviar inmigrantes detenidos hacia territorio argentino. La propuesta se produce en un contexto de políticas más estrictas de control migratorio tanto en EE. UU. como en Argentina bajo la presidencia de Javier Milei.
Aunque aún no se ha firmado un acuerdo definitivo, las negociaciones reflejan el interés de Milei por fortalecer la alianza con Estados Unidos y alinearse con las estrategias de represión migratoria promovidas por el gobierno de Donald Trump. Al mismo tiempo, el posible pacto genera preocupación por el impacto social, económico y cultural en Argentina, un país históricamente abierto a la migración.
Según documentos del gobierno estadounidense, el acuerdo permitiría a Estados Unidos enviar inmigrantes poco después de ingresar ilegalmente al país hacia Argentina, que serviría como país intermedio para su retorno. La propuesta fue presentada por el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Navarro, y respaldada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.
EE. UU. y el acuerdo con Argentina para enviar a inmigrantes deportados.
El objetivo principal es tanto disuadir la migración ilegal hacia Estados Unidos como resolver la dificultad de repatriar a ciudadanos de países con problemas diplomáticos o falta de documentación. Otros países sudamericanos, como Paraguay y Ecuador, ya participan en mecanismos similares.
El gobierno de Javier Milei ha intensificado la retórica antiinmigración, calificando la llegada de extranjeros como una amenaza a la identidad nacional y promoviendo redadas y expulsiones récord. La policía argentina ha participado en operativos migratorios en los suburbios de Buenos Aires, algo poco habitual hasta ahora.
Sin embargo, la implementación del acuerdo enfrenta desafíos importantes: la posible reacción pública, los costos económicos y la limitada infraestructura para albergar a los deportados. Esto representa un cambio respecto a la tradición argentina de considerar la migración como un pilar de su identidad nacional, abierta a la llegada de extranjeros.