Las autoridades de Delaware están desafiando una orden federal que exige datos de empleados en una investigación migratoria relacionada con ICE.
En un nuevo episodio de tensión entre las autoridades estatales y federales en Estados Unidos, el estado de Delaware anunció que apelará una orden judicial que lo obliga a entregar información laboral sensible al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El caso, que involucra datos de trabajadores de varios negocios locales, reabre el debate sobre el manejo de información de inmigrantes, tanto legales como indocumentados, en Estados Unidos, en medio de crecientes preocupaciones sobre el alcance de las investigaciones migratorias.
Delaware presenta una apelación contra una orden federal que le obliga a proporcionar datos laborales a ICE.
El gobierno de Delaware, encabezado por el gobernador Matt Meyer, confirmó el 21 de abril de 2026 que presentará una apelación contra la orden federal que exige al Departamento de Trabajo estatal entregar registros salariales y de identificación vinculados a empleados de al menos 15 empresas. La solicitud forma parte de una investigación federal relacionada con posibles contrataciones de personas sin estatus migratorio regular.
La orden exige la entrega de información detallada sobre los trabajadores, incluyendo nombres, direcciones y números de Seguro Social. Esta disposición ha generado inquietud en el gobierno estatal, que advierte que podría tener un impacto en las comunidades de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Según lo expresado por el mandatario estatal, la decisión de apelar busca frenar lo que considera una injerencia excesiva del gobierno federal en asuntos locales. En declaraciones recogidas por Telemundo 62 Philadelphia, Meyer afirmó: "Yo continuaré hasta donde la ley me permita para pelear la intervención federal y la aplicación ilegal de las leyes de inmigración", y subrayó además que, a su juicio, el caso no está vinculado a la seguridad pública, sino al acceso a datos personales que podrían ser utilizados por ICE.
El fiscal federal Benjamin L. Wallace defendió la citación, asegurando que Delaware ha cumplido históricamente con este tipo de requerimientos. "No es por razones legales, sino políticas", señaló, al justificar la necesidad de acceso a los datos dentro de la investigación en curso. Por su parte, el juez Colm Connolly determinó que la solicitud federal tiene un propósito legítimo y que no resulta excesiva en su alcance, lo que dio lugar a la actual disputa legal.
Mientras tanto, el gobierno estatal de Delaware está preparando medidas cautelares para suspender la entrega de la información mientras se tramita la apelación, en un caso que continúa atrayendo atención a nivel nacional por sus implicaciones en la relación entre Estados Unidos, las comunidades inmigrantes y las políticas del ICE.