Tatuajes como prueba de criminalidad: una práctica peligrosa contra los venezolanos en EE. UU.

La reciente detención de 238 venezolanos bajo acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua en El Salvador ha generado una enorme controversia, principalmente por el uso de los tatuajes como prueba para vincular a los detenidos con esta banda criminal.

Jhon Chacín, un tatuador de profesión, fue arrestado y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, tras ser señalado por sus tatuajes, los cuales incluyen una flor, un reloj, un búho y los nombres de sus hijos y padres. Pese a no tener antecedentes criminales, las autoridades de Estados Unidos lo catalogaron como miembro del Tren de Aragua por este detalle.

La administración de Donald Trump, en su lucha contra la "invasión de criminales", ha utilizado los tatuajes como uno de los principales indicadores para identificar a los supuestos miembros de esta organización. Tal como lo menciona Trump, los tatuajes son una señal inconfundible de pertenencia a esta banda criminal, conllevando a numerosas detenciones y deportaciones.

Sin embargo, expertos en el tema, como Ronna Rísquez, autora del libro Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, señalan que la banda criminal no exige que sus miembros lleven tatuajes de identificación. A diferencia de otras pandillas como la MS-13, este grupo no sigue un código visual específico de tatuajes.

Pese a ello, el gobierno de Estados Unidos ha justificado estas medidas señalando que los tatuajes son parte de un proceso más amplio de inteligencia, aunque este criterio ha sido cuestionado por muchas organizaciones de derechos humanos. Los casos de Jerce Reyes y Edward Hernández Herrera son ejemplos de cómo los tatuajes personales (como un balón con una corona o incluso el nombre de un ser querido) han sido malinterpretados como símbolos de pertenencia a una organización criminal.

Estos migrantes, que huyeron de la crisis en Venezuela, han visto cómo su búsqueda de una vida mejor se ve empañada por la estigmatización de sus cuerpos. El uso de los tatuajes como base para acusar a los venezolanos de ser parte de bandas criminales ha dejado a muchas familias indignadas. La madre de Hernández, por ejemplo, expresó que los tatuajes de su hijo, que conmemoran a su hija, no lo convierten en un criminal.

Este sentimiento es compartido por muchas familias que han visto a sus seres queridos ser detenidos injustamente, basándose únicamente en sus tatuajes. Además de la persecución en EE. UU., los migrantes venezolanos también enfrentan serias dificultades en El Salvador, donde los han enviado a prisiones como el Cecot, uno de los centros penitenciarios más grandes de América Latina.

La difusión de videos de los reclusos, muchos de ellos con la cabeza rapada y encadenados, ha generado una creciente presión internacional. Ante esta situación, el gobierno de Nicolás Maduro ha contratado abogados en El Salvador para intentar liberar a los detenidos y denunciar la injusticia de estas prácticas.

El caso de Jhon Chacín y otros venezolanos arrestados por sus tatuajes resalta cómo este tipo de estigmatización puede llevar a graves violaciones de derechos humanos. El etiquetado de los migrantes como criminales por sus tatuajes no solo es una forma errónea de identificación, sino que también perpetúa el ciclo de discriminación y violencia contra aquellos que buscan una vida digna lejos de la crisis en su país de origen.