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CUIDADO, inmigrantes: el POLÉMICO PLAN de deportación de Trump involucra al IRS y al ICE, ¿qué acciones tomarán?
El gobierno de Donald Trump causó controversia al fusionar al IRS y al ICE en un plan para monitorear, identificar y deportar a inmigrantes indocumentados.
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Una nueva revelación encendió las alarmas entre defensores de derechos civiles y comunidades inmigrantes en todo Estados Unidos: la administración del presidente Donald Trump impulsó un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para usar datos fiscales protegidos con fines de deportación.
En 2022, los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos aportaron más de 96.7 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. Lo hicieron sin acceso a la ciudadanía, sin garantías de permanecer en el país y con la esperanza de que su contribución sería un paso hacia una vida mejor. Lo que recibieron a cambio fue una traición.
El acuerdo IRS-ICE: los datos fiscales podrían usarse para deportaciones
De acuerdo con MSNBC News, el lunes, el gobierno del presidente Donald Trump presentó ante un tribunal un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permite usar registros fiscales protegidos para facilitar la deportación de inmigrantes. Según The New York Times, la revelación provocó la dimisión de varios altos funcionarios del IRS, incluido el comisionado interino.
Este movimiento marca un cambio radical en la política fiscal y migratoria, derribando la histórica barrera que separaba el cumplimiento tributario de la aplicación de leyes migratorias.
Entonces, ¿inmigración verifica los registros del IRS?
Lo haría pronto. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) firmaron el lunes un polémico memorando de entendimiento, revelado ese mismo día a través de un expediente judicial. Aunque aún no hay una fecha definida para el inicio del intercambio de datos, el acuerdo ya ha encendido las alarmas por sus implicaciones.
El documento permite que ICE solicite al IRS información fiscal confidencial de inmigrantes que enfrenten órdenes finales de deportación o estén siendo investigados por delitos, como permanecer en el país más de 90 días después de recibir la orden de salida.
Según el Departamento del Tesoro, el objetivo del acuerdo es establecer un "proceso claro y seguro" para respaldar los esfuerzos de las agencias federales en el combate contra la inmigración ilegal, de acuerdo con un comunicado enviado por Sophie Delquie, asesora principal de asuntos públicos, a National Public Radio.
¿Qué tiene que ver el IRS con la migración?
El IRS siempre protegió celosamente la privacidad fiscal de todos los contribuyentes. Sin embargo, este nuevo acuerdo se basa en una excepción legal pensada para investigaciones criminales, lo que abre la puerta a un uso sin precedentes de datos confidenciales.
Nina Olson, exdefensora del contribuyente del IRS, calificó el acuerdo como "sin precedentes", y el Centro de Derecho Tributario de la Universidad de Nueva York advirtió que podría violar derechos fundamentales y provocar sanciones civiles y penales a funcionarios del IRS que autoricen este intercambio de datos.
Este acuerdo representa más que un ataque a la comunidad inmigrante: socava la confianza en el sistema tributario y sienta un peligroso precedente. Si los registros fiscales de inmigrantes pueden usarse contra ellos, ¿quién garantiza que lo mismo no ocurra con otros ciudadanos?
¿Contribuyen los inmigrantes indocumentados a la economía de Estados Unidos?
Durante años, líderes republicanos, incluyendo a Donald Trump, han promovido la falsa narrativa de que los inmigrantes indocumentados son una carga para la economía. Pero los hechos cuentan otra historia: pagan impuestos usando el ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente), creado en 1996 para permitir que personas sin número de Seguro Social cumplan con sus obligaciones fiscales.
No califican para la mayoría de los beneficios públicos, pero sí contribuyen a programas como la Seguridad Social.
Este caso debería encender las alarmas no solo entre defensores de los derechos migratorios, sino entre todos los que creen en una democracia que protege a quienes cumplen, no en una que los persigue.
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