Atención, venezolanos en EE. UU.: la Corte Suprema da luz verde a deportaciones bajo política de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado al presidente Donald Trump a continuar con su política de retiro de protecciones migratorias para más de 300.000 ciudadanos venezolanos que viven actualmente en el país norteamericano. Esta decisión, emitida el último viernes en un fallo breve pero contundente, representa un importante giro en el estatus legal de miles de migrantes, muchos de los cuales estaban amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS).

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Se trata de la segunda vez en solo cuatro meses que el máximo tribunal interviene en el caso. Aunque la decisión es aún temporal, los expertos advierten que abre la puerta a deportaciones inmediatas mientras continúa el litigio. La jueza liberal Ketanji Brown Jackson criticó duramente a la mayoría conservadora de la Corte, señalando un "grave abuso del procedimiento de urgencia" y alertando sobre el impacto devastador para "incontables familias".

Un fallo dividido y sus consecuencias inmediatas

La Corte Suprema no ofreció un análisis detallado en su decisión. En cambio, sostuvo que "aunque la postura del caso ha cambiado, los argumentos jurídicos y los daños relativos en general no lo han hecho", por lo cual el resultado debía ser el mismo que en mayo, cuando también fallaron contra la extensión de las protecciones migratorias. Los tres jueces liberales votaron en contra y expresaron su preocupación por el uso del poder judicial para acelerar deportaciones sin el debido proceso.

La decisión afecta directamente a migrantes venezolanos que estaban protegidos por el TPS, un programa que permite residir y trabajar legalmente a personas provenientes de países con conflictos armados, desastres naturales o inestabilidad extrema. Tras el fallo, organizaciones defensoras de migrantes reportaron que muchas familias ya han sufrido consecuencias: pérdida de empleo, detenciones y deportaciones a Venezuela, país que consideran aún extremadamente inseguro.

TPS en la mira: el trasfondo político y legal del caso

El conflicto legal comenzó en febrero, cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, designada por Trump, intentó poner fin a una extensión de 18 meses del TPS que había sido aprobada por el presidente Joe Biden. Migrantes y abogados defensores argumentaron que Noem no solo se extralimitó en sus funciones, sino que también incumplió los procedimientos administrativos requeridos, al no considerar adecuadamente las condiciones actuales en Venezuela.

Por su parte, el gobierno de Trump defendió sus acciones, alegando que el programa ya no era "del interés nacional". Además, acusaron al juez Edward M. Chen, del Tribunal del Distrito Norte de California, de desobedecer la decisión previa de la Corte Suprema al mantener las protecciones. Sin embargo, Chen sostuvo que la orden anterior era ambigua y que su fallo se basaba en nueva evidencia. Los abogados del gobierno calificaron los reclamos de los migrantes como un intento de "reciclar argumentos jurídicos" que ya habían sido rechazados.