ALERTA, inmigrantes en Texas: nueva ley OBLIGA a las cárceles a colaborar con ICE desde 2026

Texas implementará a partir de 2026 uno de los mayores cambios en materia migratoria a nivel estatal. La ley SB 8, firmada por el gobernador Greg Abbott, obliga a todos los condados con más de 100 mil habitantes y con instalaciones carcelarias a colaborar formalmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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La normativa exige la firma de acuerdos bajo el programa 287(g), o iniciativas equivalentes, lo que permitirá que agentes locales asuman funciones de identificación y procesamiento de personas inmigrantes bajo custodia. Esta decisión ampliará la presencia de ICE en las cárceles texanas y modificará los protocolos de detención en todo el estado.

Qué implica la cooperación obligatoria con ICE en las cárceles texanas

La SB 8 establece que los sheriffs deberán solicitar, firmar y mantener activo un convenio con ICE, definiendo qué facultades ejercerán los agentes locales y bajo qué supervisión. Si un condado no consigue concretar el acuerdo, deberá repetir la solicitud anualmente hasta obtener la aprobación federal, reforzando así la obligatoriedad del sistema.

El programa 287(g) funciona bajo dos modalidades principales: el modelo de cárcel, centrado en identificar a personas inmigrantes con antecedentes penales o procesos judiciales, y el modelo de orden de arresto, que permite ejecutar órdenes migratorias administrativas dentro de las instalaciones locales. Ambos modelos aumentan la intervención de autoridades estatales en tareas federales.

Sanciones para condados incumplidores y subvenciones para implementar la ley

En caso de que un sheriff no formalice el convenio antes del 1.º de diciembre de 2026, la ley autoriza al fiscal general de Texas a presentar demandas en tribunales de distrito para exigir el cumplimiento. Estas sanciones buscan impedir que cualquier condado quede fuera del sistema de cooperación con ICE.

La ley también crea un programa estatal de subvenciones que cubrirá costos de capacitación, personal asignado, reportes obligatorios y gastos relacionados con la custodia de personas detenidas bajo autoridad migratoria. Solo los condados que hayan firmado el acuerdo podrán acceder a estos fondos, generando un incentivo financiero para implementar la aplicación conjunta de leyes migratorias.