ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: legislador de Texas propone LEY que congelaría casi toda la inmigración en el país

Un nuevo proyecto presentado en el Congreso ha encendido las alarmas entre las comunidades migrantes en Estados Unidos. El congresista republicano Chip Roy, de Texas, impulsa la iniciativa HR 6225, conocida como PAUSE, que propone congelar casi todo el sistema de inmigración, desde la emisión de visas hasta programas estudiantiles, beneficios sociales y la ciudadanía por nacimiento.

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La propuesta llega en un momento de tensiones políticas y debate nacional sobre la inmigración, y plantea cambios drásticos que afectarían a millones de personas. De aprobarse, la ley reconfiguraría por completo el sistema migratorio actual, eliminando varios de los beneficios que históricamente han permitido la llegada, permanencia y estabilidad de inmigrantes en EE. UU.

¿Qué plantea el proyecto de ley HR 6225?

La iniciativa presentada por Chip Roy establece una suspensión temporal de todas las visas, excepto las de turismo, hasta que el Gobierno implemente nuevas políticas de seguridad y control migratorio. Dentro de sus puntos centrales, propone eliminar la migración en cadena, restringir severamente la reunificación familiar y poner fin a los programas educativos o laborales para extranjeros, como el OPT para estudiantes internacionales.

Uno de los cambios más polémicos del proyecto es la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, que pasaría a otorgarse únicamente a niños nacidos en EE. UU. cuyos padres sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Esto afectaría de forma directa a miles de familias inmigrantes y sentaría un precedente histórico en la política migratoria del país.

Eliminación de beneficios sociales y nuevas restricciones para empresas

El proyecto HR 6225 también pretende suprimir el acceso a beneficios sociales para toda persona que no sea ciudadana de Estados Unidos. Esto incluye programas como Medicaid, SNAP, WIC, créditos fiscales, préstamos estudiantiles y asistencia para vivienda o pequeñas empresas. Según la iniciativa, ningún inmigrante sin ciudadanía podría recibir apoyo financiero del Gobierno federal.

Además, establece nuevas obligaciones para las compañías interesadas en contratar trabajadores extranjeros, imponiendo una tarifa de $100,000 por cada empleado patrocinado. También prohíbe que los no inmigrantes ajusten su estatus dentro del país, obligándolos a regresar a su nación de origen para reiniciar el proceso. Incluso se contempla que los casos migratorios pendientes sean revocados y los pagos devueltos si la ley entra en vigencia.