ALERTA para solicitantes de ciudadanía estadounidense: REDUCEN COSTO del trámite a este grupo de personas, pero hay una condición que debes conocer

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una importante reducción en el costo del trámite para renunciar formalmente a la ciudadanía estadounidense, bajando la tarifa de US$2.350 a US$450. La medida busca aliviar la carga financiera de los ciudadanos que deciden abandonar su ciudadanía, especialmente tras años de disputas legales con organizaciones defensoras de los derechos de los expatriados.

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Aunque la reducción ya está vigente, el proceso sigue siendo complejo. Quienes opten por renunciar deben confirmar en varias ocasiones, tanto de forma escrita como verbal, que comprenden plenamente las consecuencias legales y los derechos que perderán de manera definitiva al completar el trámite.

Reducción del costo y antecedentes del trámite

La nueva tarifa, que entró en vigor el mismo viernes en que se publicó la norma final en el Federal Register, devuelve el costo al nivel que tenía en 2010. La tarifa había aumentado de US$450 a US$2.350 en 2015, debido a los costos administrativos del procedimiento y al incremento en la cantidad de personas que buscaban renunciar a su ciudadanía.

Este aumento generó críticas de asociaciones como la Association of Accidental Americans, que representa a ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero y cuya nacionalidad deriva únicamente de su nacimiento en EE. UU. La organización incluso presentó demandas legales cuestionando la constitucionalidad de la tarifa.

Condiciones y advertencias para los solicitantes

Renunciar a la ciudadanía estadounidense no es un trámite automático ni sencillo. Antes de prestar el juramento formal de renuncia, los solicitantes deben confirmar su decisión en múltiples ocasiones y comprender que perderán todos los derechos asociados a la ciudadanía, como votar en elecciones federales o recibir protección consular.

El Departamento de Estado también mantiene que cualquier solicitud debe ser revisada y aprobada tras la renuncia formal, garantizando que los ciudadanos comprendan plenamente las implicaciones legales. La reducción del costo facilita el acceso al trámite, pero no elimina las estrictas verificaciones ni los requisitos legales que lo acompañan.