Un proyecto de ley en Kentucky busca que todas las agencias policiales firmen acuerdos con ICE, generando debate sobre control local y derechos de inmigrantes.
Un legislador republicano de Kentucky, el representante TJ Roberts, presentó un proyecto de ley que exigiría a todas las agencias policiales locales suscribir acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el programa 287(g). La propuesta busca otorgar a las agencias recursos y fondos federales, mientras algunos legisladores y defensores de inmigrantes cuestionan la obligatoriedad de estos convenios y su impacto sobre las comunidades locales.
Roberts argumenta que los acuerdos permitirían a los policías locales realizar controles migratorios limitados y mejorar la seguridad pública, alineándose con prioridades federales. Sin embargo, los demócratas y grupos de defensa han expresado preocupación por posibles abusos, discriminación y la pérdida de control local sobre la aplicación de la ley en sus jurisdicciones.
El proyecto de ley requeriría que la Policía Estatal de Kentucky y todas las agencias locales tengan un acuerdo por escrito con ICE bajo la Sección 287(g), que permite delegar autoridad de oficiales de inmigración a agentes estatales y locales tras completar capacitación especializada financiada por el gobierno federal. Roberts señaló que, aunque 22 agencias ya participan en el programa 287(g), cree que "no contamos con eso en las áreas donde lo necesitamos", especialmente en el norte de Kentucky, atravesado por importantes autopistas.
Proyecto de ley en Kentucky obligaría a policías a firmar acuerdos con ICE
Los legisladores demócratas, incluido la representante Rachel Roarx de Louisville, enfatizaron que las agencias locales conocen mejor a sus comunidades y deberían decidir si cooperar con ICE. La representante Sarah Stalker advirtió que la propuesta podría agravar problemas existentes relacionados con abusos durante redadas masivas, y el grupo de defensa Kentucky Citizens for Democracy calificó la medida como "fundamentalmente inaceptable", argumentando que profundizaría el miedo y la desconfianza entre los inmigrantes.
Roberts destacó que los acuerdos con ICE traerían importantes reembolsos y recursos a las agencias policiales de Kentucky. Por ejemplo, el DHS podría cubrir salarios, beneficios y hasta un 25 % de horas extras de los agentes capacitados en el programa 287(g). El copresidente del comité, el representante Patrick Flannery, republicano, sostuvo que estos convenios representan "una oportunidad para potencialmente utilizar recursos del gobierno federal en nuestras comunidades locales".
A pesar de los incentivos financieros, defensores de inmigrantes y legisladores demócratas resaltan los riesgos de ampliar la autoridad de ICE y de los agentes locales, alertando que la obligatoriedad de los acuerdos podría generar abusos, discriminación y socavar la confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes.