Un tribunal federal declaró ilegal la eliminación del TPS para venezolanos y haitianos, señalando un abuso de poder y graves consecuencias para inmigrantes.
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la administración Trump actuó ilegalmente al poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos y haitianos, una decisión que los jueces calificaron como un abuso de poder con consecuencias "reales y significativas" para comunidades migrantes vulnerables.
El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, confirmó una decisión previa de una corte inferior y determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió claramente su autoridad al intentar eliminar las protecciones humanitarias otorgadas a ciudadanos de ambos países.
En una opinión firmada por los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone, el tribunal sostuvo que las acciones de Noem contradicen el diseño legal establecido por el Congreso. Según el fallo, la secretaria no tiene poder "absoluto ni ilimitado" para revocar unilateralmente el TPS de un país ya designado.
Un tribunal federal declaró ilegal la eliminación del TPS para venezolanos y haitianos.
"Su pretensión de anular el TPS es irreconciliable con el lenguaje claro del estatuto", señalaron los magistrados, dejando en evidencia que la decisión no solo fue política, sino jurídicamente injustificable.
El tribunal también subrayó el impacto directo de la medida sobre cientos de miles de venezolanos y haitianos que dependen del TPS para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Según los jueces, la eliminación del estatus los dejó atrapados en un estado constante de temor a la deportación, la detención y la separación de sus familias.
"Las acciones ilegales de la secretaria han tenido consecuencias reales y significativas", advirtió la corte, señalando que muchos de los afectados podrían ser devueltos a países donde enfrentaron violencia, persecución o graves crisis humanitarias.
Millones de venezolanos han huido de su país debido al colapso económico, político y social, mientras que Haití fue incluido en el TPS tras el devastador terremoto de 2010. Pese a este contexto, la administración Trump argumentó que las condiciones habían mejorado, una afirmación que ahora fue rechazada por la justicia federal.