Nueva ley en Perú beneficia a escolares de colegios públicos y privados a nivel nacional: ¿en qué consiste?
El Gobierno peruano oficializó una ley que entrará en vigor en instituciones y programas educativos de la Educación Básica tras la aprobación de su reglamento.
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Recibir una adecuada y óptima educación asegura que los menores tengan mejores oportunidades en la vida; sin embargo, en el camino se pueden presentarse algunas distracciones. Por ello, este 13 de junio, el Gobierno peruano oficializó una nueva ley que beneficiará a los estudiantes de colegios públicos y privados a nivel nacional.
Nos referimos a la Ley N.º 32385, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, que regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en todas las instituciones y programas educativos de la Educación Básica del país, con el objetivo de mejorar la atención y el rendimiento de los escolares.
Esta medida está dirigido a estudiantes de instituciones, tanto públicas como privadas. El uso de celulares o cualquier otro dispositivo electrónico similar, queda restringido durante los procesos de enseñanza y aprendizaje en los salones de clases, a excepción del desarrollo de las competencias en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica.
Por otro lado, en el documento publicado se especifica que el objetivo principal de esta ley es "reducir la sobreexposición al internet, combatir el ciberbullying, evitar riesgos en la salud y prevenir trastornos de salud mental en los estudiantes, así como promover ambientes sanos de socialización".
Sin embargo, hay un grupo de estudiantes que quedan exonerados de la aplicación de la ley. Ellos son los escolares que necesiten atención especial debido a alguna condición de salud, justificándose el uso de algún dispositivo electrónico en las instalaciones de la institución educativa.
Asimismo, se permitirá el uso del dispositivo electrónico cuando la institución, de manera expresa, autorice su utilización únicamente para uso académico. En tanto, queda pendiente la aprobación, por parte del Poder Ejecutivo, del reglamento de la ley en un plazo máximo de 60 días calendario desde su entrada en vigor.
