¡Alerta en Estados Unidos! Aliados de Donald Trump amenazan con PRISIÓN A líderes de CALIFORNIA por AYUDAR A INMIGRANTES

La discusión en torno a la política migratoria en la frontera sur de Estados Unidos ha tomado un rumbo sorprendente, especialmente en California. Recientemente, los seguidores del presidente electo, Donald Trump, lanzaron una advertencia a las autoridades de las ciudades de refugio para inmigrantes indocumentados, sugiriendo que podrían ser objeto de cargos penales si no se adhieren a las leyes federales de inmigración. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la relación entre las normativas locales y las federales en el contexto de la inmigración.

Este desarrollo resalta la creciente presión sobre los gobiernos locales, que tradicionalmente han brindado protección a los inmigrantes indocumentados. California, reconocida por sus políticas inclusivas, se prepara para enfrentar estas amenazas en los tribunales, desafiando así a la administración federal en una nueva contienda legal. A continuación, te ofrecemos todos los detalles sobre esta situación.

La carta enviada el 23 de diciembre por America First Legal Foundation, organización liderada por Stephen Miller, asesor de Trump, marca un punto álgido en la batalla legal sobre las políticas de inmigración en California. El condado de San Diego, a principios de diciembre, reforzó las medidas para proteger a los inmigrantes, prohibiendo que las fuerzas locales de seguridad comuniquen a las autoridades federales sobre personas indocumentadas sin una orden judicial.

Esta medida fue vista como una violación de la ley federal por parte de la organización conservadora, que incluyó a 249 funcionarios locales en su lista de posibles responsables. La carta advierte que estos líderes podrían enfrentarse a consecuencias legales, incluso cargos civiles bajo las leyes federales contra el crimen organizado, si continúan implementando políticas de santuario.

En respuesta a la presión federal, el estado de California ya está movilizándose para enfrentar estos desafíos legales. El Fiscal General de California, Rob Bonta, ha declarado que el estado defenderá vigorosamente su Ley SB 54, que limita la cooperación de las autoridades locales con ICE, asegurando que los recursos estatales no se utilicen para la aplicación de la ley de inmigración federal, salvo en casos excepcionales.

A pesar de las amenazas de Trump, California ha logrado que los tribunales confirmen la constitucionalidad de estas políticas, y el estado está preparado para continuar defendiendo sus derechos ante un gobierno federal que busca desafiar estas leyes.

Asimismo, el gobernador Gavin Newsom ha solicitado 25 millones de dólares para financiar futuras batallas legales en torno a temas migratorios. Las ciudades santuario en California, como Los Ángeles, han acelerado la implementación de sus políticas tras la elección de Trump, lo que genera aún más tensiones entre el estado y la administración federal.