Estados Unidos ELIMINA obligación de colaborar con ICE para víctimas: así cambia su protección legal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la eliminación de los requisitos migratorios que condicionaban el acceso a los fondos del Acta de Víctimas de Crimen (VOCA), medida impuesta durante la administración anterior. La decisión permite que los estados y organizaciones sociales vuelvan a recibir recursos para asistir a víctimas de delitos violentos, sin tener que colaborar con las autoridades migratorias.

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Un retroceso tras la presión judicial y política

La modificación llega después de una fuerte presión ejercida por 20 estados y el Distrito de Columbia, que demandaron al Gobierno federal por condicionar los fondos a la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Bajo esa política, los estados corrían el riesgo de perder financiamiento si no notificaban a ICE sobre liberaciones de detenidos con procesos migratorios pendientes o si no permitían su ingreso a cárceles locales.

Qué cubre el fondo VOCA

El programa VOCA financia cerca del 75 % de la asistencia estatal a víctimas de delitos violentos. Estos recursos permiten costear tratamientos médicos y psicológicos, servicios funerarios, limpieza de escenas del crimen, refugios de emergencia y programas forenses.
Tras la decisión del Departamento de Justicia, se liberaron aproximadamente 1.400 millones de dólares que habían sido retenidos, reactivando cientos de iniciativas comunitarias suspendidas en distintos estados.

La protección de las víctimas, por encima de la política

Fiscales y defensores de derechos civiles celebraron la medida, calificándola como una corrección necesaria a una política "cruel e injusta". La eliminación de las condiciones migratorias garantiza que la ayuda llegue a todas las víctimas, independientemente de su estatus migratorio.

El Acta de Víctimas de Crimen, financiada con multas y sanciones judiciales y no con impuestos, distribuye más de mil millones de dólares cada año. Con esta rectificación, el Gobierno reafirma que la justicia y la atención a las víctimas deben estar libres de presiones políticas o ideológicas.