ALERTA ROJA por TIROTEOS en Minneapolis: conoce las CONSECUENCIAS LEGALES para los agentes de ICE tras la muerte de dos ciudadanos

Dos recientes incidentes en Minneapolis han generado preocupación nacional tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Los eventos ocurrieron en el marco de la política del presidente Donald Trump contra la inmigración, y han desatado cuestionamientos sobre la actuación de los agentes y las posibles repercusiones legales.

Tiroteos fatales en Minneapolis

El primero de los incidentes involucró a Renee Good, de 37 años, quien fue abatida el 7 de enero mientras estaba en su automóvil. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el agente realizó "disparos defensivos" después de que Good intentara atropellarlo. Sin embargo, los videos verificados por medios como Reuters parecen contradecir la versión oficial.

En un segundo incidente, Alex Pretti, también de 37 años, murió el 24 de enero tras un enfrentamiento con agentes del ICE. Las autoridades alegaron que Pretti portaba un arma y se resistió violentamente, aunque los videos muestran que sostenía un teléfono mientras intentaba ayudar a manifestantes que los agentes empujaron al suelo. Ambos casos han sido objeto de protestas y debates públicos sobre la actuación de los agentes federales.

Repercusiones legales para los agentes de ICE

En Minnesota, la ley sobre el uso de la fuerza permite la fuerza letal únicamente si un agente razonable cree que es necesario para protegerse a sí mismo o a terceros de muerte o lesiones graves. A nivel federal, la norma es similar, pero los agentes del ICE gozan de inmunidad por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Si el estado intentara procesarlos, los agentes podrían trasladar el caso a tribunales federales y alegar inmunidad judicial. Además, los fiscales federales podrían presentar cargos, aunque es raro y difícil de probar que un agente actuó con desprecio imprudente por los límites legales de su autoridad.

En paralelo, los familiares de las víctimas podrían intentar demandas civiles por daños, pero la inmunidad cualificada de los funcionarios federales limita estas acciones, salvo que se demuestre violación clara de derechos constitucionales.