Transportistas en el Perú sugieren que podrían ejecutar un nuevo paro del servicio público, como modo de protesta por los constantes actos de criminalidad.
En medio de una creciente ola delincuencial que golpea al sector del transporte público, los gremios de empresas de transporte urbano formal en Lima y Callao han lanzado una advertencia grave: convocarían un paro general de 48 horas si el Gobierno no adopta medidas contundentes para proteger sus unidades, conductores y usuarios.
Este ultimátum surge como respuesta directa a la violencia que han sufrido varias empresas, el más reciente de ellos el ataque armado contra un bus de la empresa San Germán en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Para los transportistas, no basta con declaraciones, pues quieren acción, control territorial real y presencia policial y militar efectiva para frenar la criminalidad que, según ellos, está dejando a las empresas "a merced del crimen organizado".
Esta advertencia tensiona nuevamente a las autoridades, pues pone en evidencia que los transportistas no solo reclaman por pérdidas económicas, sino que están exigiendo seguridad personal. La indignación de los gremios se intensifica porque, según sus propias cifras, los atentados no han disminuido, pese al estado de emergencia vigente.
En su comunicado, los transportistas afirman que continuarán "su defensa legítima" mediante la paralización si el Estado no responde de forma urgente a lo que califican como un abandono por parte de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El vocero del gremio formal, Martín Ojeda, ha manifestado que la medida sería aplicada si vuelve a ocurrir un atentado criminal contra una unidad de transporte. La decisión surge luego del ataque al bus de San Germán en San Martín de Porres, donde sujetos motorizados dispararon al vehículo mientras iba lleno de pasajeros.
El gremio acusa al Estado de inacción: "no nos someteremos al terror ni a la inacción del Estado … nos veremos obligados a realizar un paro general de 48 horas, como medida de defensa legítima ante el abandono del Estado".
Entre sus demandas inmediatas se encuentra un control territorial más fuerte, con despliegue conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como la instalación de bases móviles en zonas críticas. Además, exigen la extensión del estado de emergencia en Lima metropolitana y Callao para reforzar las operaciones contra redes criminales.
Hace poco, el 4 de noviembre de 2025, los transportistas ya realizaron un paro de transporte en Lima y Callao motivado por asesinatos, extorsiones y la inseguridad creciente en el sector. La Defensoría del Pueblo ha monitoreado estos procesos de protesta y ha señalado reiteradas demandas por una estrategia clara de seguridad para conductores y vehículos. Defensoría del Pueblo
Los gremios formales aseguran que, a pesar de las conversaciones con el Ejecutivo, no han visto acciones concretas de desarticulación de mafias extorsionadoras.