El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, presentó una demanda contra las Escuelas Públicas de Indianápolis, acusándolas de impedir la labor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según la acción legal, el distrito habría restringido el ingreso de agentes a áreas no públicas de los centros escolares, violando lo que la oficina del fiscal denomina la ley estatal "anti-ciudades santuario".

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La acusación afirma que las políticas del distrito frustran los esfuerzos federales de deportación al exigir una orden judicial o la existencia de una emergencia para permitir el acceso del ICE. La demanda también asegura que empleados escolares habrían "obstaculizado" una deportación concreta al poner a un menor en contacto con un abogado de inmigración en lugar de facilitar la entrega del estudiante a su padre.

La acusación del fiscal y el caso que desató la disputa

Rokita sostiene que las medidas adoptadas por el distrito escolar impiden que empleados públicos cooperen con las autoridades migratorias, supuestamente en contra de la legislación estatal. En su argumentación, el fiscal afirma que las escuelas pueden ser vulnerables a la presencia de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, por lo que considera esencial la actuación sin trabas del ICE.

La demanda describe un episodio en el que ICE intentó reunir a un padre con su hijo antes de su salida programada del país. Según el fiscal, la política escolar, que exigía una orden judicial para permitir el acceso a áreas privadas, impidió que los agentes contactaran al estudiante, lo que habría provocado que el padre perdiera su vuelo y permaneciera en Estados Unidos de forma irregular.

La defensa del distrito escolar y el debate sobre derechos y acceso

Las Escuelas Públicas de Indianápolis respondieron con dureza, calificando la demanda de Rokita como "absurda" y políticamente motivada. El distrito aseguró que cumple todas las obligaciones legales y acusó al fiscal de deshumanizar a estudiantes y familias al referirse a ellos como "extranjeros". También defendió la necesidad de proteger a sus comunidades escolares de litigios y presiones políticas.

El distrito subraya que, de acuerdo con principios constitucionales y lineamientos de derechos civiles, los agentes del ICE requieren una orden judicial para ingresar a zonas privadas de una escuela, una postura respaldada por organizaciones legales especializadas. Aunque el gobierno federal eliminó en enero las protecciones de "lugares sensibles", expertos señalan que la Cuarta Enmienda sigue limitando el acceso sin autorización judicial a aulas, oficinas y áreas cerradas, aunque los agentes sí pueden presentarse en espacios públicos como pasillos o estacionamientos.