ALERTA, inmigrantes: Florida debate nuevas leyes de inmigración que aplican sanciones penales e insólitas restricciones financieras

Florida se prepara para aprobar nuevas leyes de inmigración que podrían afectar gravemente a los migrantes indocumentados. Entre las medidas más polémicas se incluyen la presunción de culpabilidad en casos de accidentes de tránsito, fuertes sanciones penales para las empresas que los contraten y restricciones al acceso a servicios financieros y al envío de remesas. Según EL PAÍS, estas propuestas "ponen a Florida a la vanguardia nacional en la ofensiva contra los inmigrantes indocumentados".

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Sanciones penales y control del empleo de inmigrantes indocumentados

El proyecto SB 1380 establece que los conductores indocumentados involucrados en accidentes de tránsito enfrentarían una "presunción de culpabilidad", salvo cuando la otra parte esté bajo los efectos del alcohol o las drogas. Además, las autoridades tendrían que verificar el estatus migratorio y limitar los pagos de indemnización por parte de las aseguradoras.

La misma ley endurece las multas y sanciones para las empresas: hasta 10.000 dólares y un año de suspensión de la licencia por la primera infracción, y penas de hasta cinco años y 100.000 dólares en caso de reincidencia. Los negocios que empleen a más de 50 trabajadores indocumentados podrían enfrentar cargos criminales y la pérdida definitiva de la licencia.

Restricciones financieras y educativas para migrantes en Florida

Las nuevas normas prohíben a bancos y prestamistas otorgar préstamos hipotecarios a personas indocumentadas y excluyen a estos migrantes de los programas estatales para compradores primerizos. Además, el envío de remesas al extranjero estaría sujeto a verificación migratoria, con el riesgo de perder la licencia en caso de incumplimiento.

En materia de educación, la SB 1052 impediría que los inmigrantes indocumentados accedan a universidades públicas y a programas de educación para adultos, incluidas las clases de inglés. EL PAÍS señala que esta ley "marca un endurecimiento histórico de la política educativa contra los migrantes en Florida".

Las propuestas deben ser aprobadas por la Cámara y el Senado durante la sesión de 60 días y luego firmadas por el gobernador para convertirse en ley.