EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes en Los Ángeles: crearán "Zonas libres de ICE" para proteger a comunidades locales

Los funcionarios del Condado de Los Ángeles dieron un paso importante hacia la creación de "Zonas libres de ICE" en propiedades públicas, una medida que busca proteger a residentes y comunidades locales frente a acciones federales de inmigración no autorizadas.

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La decisión fue tomada por unanimidad por la Junta de Supervisores del condado y marca un nuevo enfoque en la defensa de derechos civiles y el uso de espacios públicos.

Qué son las "Zonas libres de ICE" y cómo protegerán al público

La moción aprobada por la Junta de Supervisores ordena a los abogados del condado que redacten una ordenanza para establecer formalmente "Zonas libres de ICE" en espacios propiedad y controlados por el condado, como parques, oficinas administrativas y otros edificios públicos.

La propuesta busca que estas áreas no se utilicen como base de operaciones, lugares de reunión o centros de procesamiento para acciones no autorizadas de agentes federales de inmigración, incluyendo aquellos llevados a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin documentación federal que lo respalde.

Como parte del plan, se espera que se coloque señalización clara en las instalaciones del condado indicando que son zonas libres de aplicación civil de la ley migratoria, lo que busca dar tranquilidad a quienes frecuentan estos espacios.

Contexto y razones detrás de la medida

La ordenanza surge en medio del aumento de operaciones y redadas federales en distintas comunidades, lo que ha generado preocupación entre los residentes y ha provocado protestas en varias ciudades. Las autoridades locales destacan que estas acciones han causado temor y dificultan que las personas accedan con seguridad a servicios públicos y espacios comunitarios.

Aunque el condado no puede impedir legalmente que las agencias federales realicen su trabajo, los supervisores señalan que sí pueden regular el uso de sus propias propiedades para proteger a los residentes. El próximo paso será que el asesor legal redacte la ordenanza, la cual será revisada nuevamente por la Junta de Supervisores en un plazo de 30 días.