Colombia quiere eliminar Uber, Didi y otras aplicaciones de taxi: gobierno de Petro propone ley con multas abusivas que afectarán a 1.2 millones de conductores

Los más de 1.2 millones de conductores por aplicativo en Colombia están sumamente preocupados con el nuevo proyecto de Ley 347 de 2026 que amenaza con poner fin a las aplicaciones de transporte, por lo que muchos se han manifestado en contra de esta iniciativa.

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Proyecto de ley amenaza con poner fin a los taxis por aplicativos en Colombia

Alianz In, gremio de aplicaciones e innovación, lanzó un comunicado respecto a este proyecto de ley que fue presentado a través del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, afirmando que la misma representa un retroceso muy grave en cuanto a movilidad a innovación.

Pero, no solo eso, pues insisten en que se trata de una amenaza al ecosistema digital, afectando a miles de familias colombianas que depende de esta actividad muy en boga en países hispanoamericanos.

El comunicado en mención, expresa: "De ser aprobado, el proyecto podría significar el fin de dichas plataformas y del trabajo con vehículos particulares en Colombia, acabando en la práctica con el derecho de millones de usuarios a movilizarse a través de estos servicios, y con la libertad de todos los ciudadanos de escoger en qué y cómo movilizarse con seguridad, comodidad y eficiencia".

Ahora, Semana detalla que lo malo no es su intención de fortalecer la supervisión, sino que cuenta con una política de sanciones prohibitivas y punitivas que los pondría, prácticamente, en la ilegalidad explícita. El proyecto de ley se va a impulsar pese a que el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca y la Corte Suprfema de Justicia están a favor de la regulación, pero reconocen el derecho humano de las personas a utilizar estas plataformas y gozar de los avances tecnológicos.

¿Cuáles son las sanciones que impone la nueva ley que perjudicaría a los taxis por aplicativo?

De hecho, al colocar esta actividad al margen de lo ilegal, los pone también en una situación de persecución legal, pero también con la facultad ordenar la suspensión de la operación, saltando la decisión administrativa o judicial, incluyendo estas sanciones. Toma nota:

• Inmovilizar vehículos hasta los 120 días.
• Colocar multas por 4,7 millones por cada viaje realizado.
• 2,179 millones en multas si la ley no fija una sanción específica.

Pero, eso no es todo, porque la arbitrariedad del proyecto de ley alcanza, incluso, a los conjuntos residenciales o propiedades horizontales que permitan la oferta de los transportes por aplicativo, ya sea estacionamiento o prestación de servicios, cuyas multas llegarán hasta los 726 millones de pesos colombianos.

Además, los expertos revelan que la epígrafe llega a un punto controversial al impedir que autoridades de transporte, funcionarios y hasta los propios congresistas no pueden hablar a favor de la actividad del taxi o transporte por aplicativo.

Alianza In, respecto a todo lo anterior, dijo sobre esto: "El alcance sancionatorio no se limita a quienes prestan o utilizan el servicio. El proyecto extiende la responsabilidad a propietarios de vehículos y administradores de propiedad horizontal, convirtiendo a ciudadanos y terceros en agentes de control bajo amenaza de sanción".

"El proyecto eleva de forma drástica el régimen sancionatorio, con multas desde 1.000 hasta 60.000 UVB (entre cerca de 10 millones y 726 millones) para propietarios y administradores de propiedad horizontal, ordena a los alcaldes desactivar físicamente puntos de recogida en hoteles y centros comerciales, y genera un veto de facto, al incentivar a administradores privados a restringir el acceso de vehículos de plataformas para evitar sanciones", sentenciaron.