GOLPE DURO para ICE en Chicago: alcalde ordena decreto inédito para investigar a agentes federales con posibilidad de PROCESAMIENTO PENAL

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó un decreto histórico que instruye a la policía de la ciudad a investigar y documentar presuntas acciones ilegales de agentes federales de inmigración, con miras a su posible procesamiento penal si se comprueba mala conducta. La medida representa un claro enfrentamiento entre las autoridades locales y la política migratoria del Gobierno federal.

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La acción ocurre en medio de tensiones crecientes por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, que han sido objeto de controversia por supuestos abusos en diferentes estados. Chicago busca garantizar que agentes que violen la ley no queden impunes, incluso si pertenecen a instancias federales.

Alcalde de Chicago ordena decreto para investigar a agentes del ICE

El decreto, denominado "ICE On Notice", ordena al Departamento de Policía de Chicago (CPD) a documentar cualquier actividad federal que pueda constituir conducta ilegal, preservar grabaciones de cámaras corporales, identificar a oficiales supervisores y completar informes detallados sobre incidentes. Toda evidencia recopilada podrá ser remitida a la Fiscalía del Estado del Condado de Cook para evaluar posibles cargos penales.

Johnson calificó la medida como una respuesta a lo que describió como tácticas que han "violado derechos constitucionales, desestabilizado comunidades y provocado enfrentamientos peligrosos". El alcalde aseguró que nadie está "por encima de la ley" y que Chicago será pionera en usar autoridad local para perseguir legalmente a agentes cuando sea necesario

Reacciones encontradas y contexto nacional

La orden generó reacciones diversas. Grupos y líderes locales progresistas han aplaudido la iniciativa, argumentando que permitirá responsabilizar a agentes federales que actúen fuera de la ley. Por otro lado, organizaciones policiales han criticado la medida, señalándola como un gesto político carente de fuerza práctica.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a ICE y la Patrulla Fronteriza, se rechazaron las acusaciones, calificando de falsas las alegaciones de mala conducta criminal y defendiendo la profesionalidad de sus agentes. La medida también se inscribe en un panorama más amplio de resistencia de gobiernos locales a las políticas migratorias federales, tras una serie de incidentes controvertidos que incluyeron enfrentamientos entre agentes federales y comunidades en distintas ciudades de Estados Unidos.