¡DESAPARECIDOS! Gobierno de EE. UU. desconoce el paradero de 137 venezolanos deportados: los expulsaron mediante un proceso ilegal

El Gobierno de EE. UU. admitió que desconoce el paradero de 137 venezolanos deportados en 2025, en un caso que ha generado fuerte controversia legal y política. Según declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, ofrecerles audiencias o regresar a algunos de ellos para garantizarles el debido proceso podría afectar los intereses de la política exterior estadounidense en Venezuela.

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El anuncio se produjo en respuesta a un fallo del juez federal James Boasberg, quien determinó que los inmigrantes "recibieron un proceso constitucionalmente inadecuado" al ser deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por la administración Trump para acelerar expulsiones en tiempos de guerra.

Antecedentes de la deportación

Los 137 venezolanos habían sido señalados por la administración Trump como presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua y deportados a El Salvador en marzo, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta normativa permite al presidente identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados en situaciones de emergencia, acelerando los trámites de deportación.

En julio, El Salvador liberó a 252 venezolanos, incluyendo a los 137, como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela que involucró la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses. Rubio subrayó que, dado el tiempo transcurrido, EE. UU. no sabe dónde se encuentran los migrantes ni si fueron detenidos nuevamente por el régimen de Maduro.

Implicaciones legales y políticas

El caso, identificado como J.G.G. contra Trump, fue promovido por la ACLU y Democracy Forward, y cuestiona la legalidad de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros. Aunque la Corte Suprema permitió su uso, estableció que los inmigrantes deben ser notificados con antelación suficiente para presentar recursos de hábeas corpus, protegiendo así sus derechos básicos.

El fallo subraya la tensión entre la política migratoria agresiva de la administración Trump y las obligaciones constitucionales de debido proceso. Rubio defendió que facilitar audiencias para los deportados podría "perjudicar considerablemente" los intereses estadounidenses en Venezuela, reflejando la prioridad de la política exterior sobre los derechos individuales en este caso.