BUENA NOTICIA para manifestantes en Minnesota: juez PROHÍBE a agentes federales utilizar gas pimienta en su contra

Las protestas en Minnesota contra las tácticas de los agentes federales recibieron un impulso legal este viernes, cuando una jueza federal emitió una orden que prohíbe el uso de gas pimienta y otras municiones no letales contra manifestantes pacíficos. La medida se dictó en el contexto de la llamada Operación Metro Surge, una amplia acción de inmigración que ha generado tensiones en el estado.

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La orden judicial busca proteger el derecho a la protesta y limitar el uso de tácticas que han sido objeto de críticas tras enfrentamientos entre manifestantes y agentes de inmigración. La magistrada que firmó la medida enfatizó que las acciones deben respetar las garantías constitucionales de quienes protestan sin violencia.

Qué prohíbe la orden judicial

La orden de la jueza Katherine Menendez establece que los agentes federales que participan en las actividades de inmigración en Minnesota no pueden usar gas pimienta ni otras municiones no letales contra personas que participen en protestas pacíficas o que observen las acciones de los agentes.

Además, la medida prohíbe que los oficiales detengan o arresten a manifestantes sin una sospecha razonable y fundamentada de que estos están cometiendo un delito o interfiriendo de manera violenta en las operaciones. Esto incluye la detención de vehículos que simplemente siguen a los agentes a una distancia segura sin interferir.

Alcance y contexto de la orden

La restricción judicial aplica únicamente dentro de Minnesota y para los agentes involucrados en la Operación Metro Surge, no para otras fuerzas federales en otras regiones o tareas rutinarias. La orden permanecerá vigente mientras la operación continúe o hasta que cambien las condiciones que motivaron la medida.

El fallo se da en medio de un clima de tensiones y protestas en Minneapolis tras incidentes anteriores que incluyeron el uso de fuerza por parte de agentes federales. Activistas y organizaciones defensoras de derechos civiles han argumentado que estas acciones violan derechos constitucionales, mientras que el gobierno federal defiende el despliegue como parte de sus funciones de inmigración.